En los últimos años, el fortalecimiento de los sistemas de cumplimiento ha llevado a que las empresas deban profundizar en el conocimiento de sus contrapartes. Uno de los aspectos más relevantes dentro de este proceso es la identificación del beneficiario final, una medida esencial para prevenir riesgos asociados al Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Corrupción.
¿Qué es la debida diligencia?
La debida diligencia puede definirse como el conjunto de mecanismos y procedimientos que permiten a una empresa conocer de manera detallada a las contrapartes con las que establece relaciones comerciales o contractuales.
En Colombia, la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades, particularmente en sus Capítulos X y XIII, establece que las empresas obligadas deben aplicar medidas de debida diligencia con el fin de identificar, evaluar y mitigar los riesgos asociados a sus operaciones.
La importancia de identificar al beneficiario final
Uno de los elementos centrales de la debida diligencia es la identificación del beneficiario final, entendido como la persona natural que posee, controla o se beneficia en última instancia de una persona jurídica o estructura legal.
La Superintendencia de Sociedades establece que las empresas deben adoptar medidas razonables para identificar y verificar la identidad de estos beneficiarios, especialmente en casos donde las estructuras societarias pueden resultar complejas.
Esto es particularmente relevante cuando:
· Una empresa tiene otras empresas como accionistas.
· Existen estructuras corporativas multinivel.
· Se presentan vehículos jurídicos que dificultan identificar a los propietarios reales.
Conocer quién está realmente detrás de una organización permite reducir riesgos reputacionales, legales y operativos, así como prevenir el uso de empresas para fines ilícitos.
Más que una obligación: una responsabilidad empresarial
La implementación de procesos de debida diligencia y conocimiento del beneficiario final no responde únicamente a una exigencia normativa. En realidad, forma parte de una responsabilidad empresarial más amplia, orientada a fortalecer la transparencia, la ética corporativa y la integridad en los negocios.
Al adoptar estos sistemas, las empresas no solo protegen su reputación y sostenibilidad, sino que también contribuyen a construir una cultura empresarial que impacta positivamente a la economía y a la sociedad, reduciendo la materialización de riesgos asociados al Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Corrupción.